El músico no regresó a la Fundación Eira en Tortuguitas, donde estaba bajo tratamiento, y la Justicia había ordenado su captura.
Cristian “Pity” Álvarez, el cantante acusado de asesinar a un vecino en Villa Lugano en julio de 2018, abandonó el tratamiento psiquiátrico que estaba recibiendo bajo la orden de la Justicia en la Fundación Eira en Tortuguitas, y su confirmó que fue trasladado a otra clínica de rehabilitación.
La inesperada ausencia del ex líder de Viejas Locas obligó a la Justicia a emitir un pedido de captura, pero esta mañana su madre confirmó que Pity se encuentra en otra clínica de rehabilitación.
El juicio contra el cantante fue suspendido en marzo de este año debido a que el Tribunal N°29 consideró que no estaba en condiciones de enfrentar el proceso judicial debido a su estado mental, el cual había sido objeto de tratamiento en el centro PRISMA del Servicio Penitenciario Federal en el penal de Ezeiza.
Según informes de la clínica, en las últimas horas Álvarez se marchó de la Fundación Eira sin previo aviso, y la fundación presentó una denuncia en la comisaría de Malvinas Argentinas al respecto. Durante su tratamiento, Álvarez tenía permisos para realizar salidas transitorias, lo que lleva a preguntas sobre cómo pudo evadir la supervisión.
Ivo Cutzarida, miembro del equipo psicológico de la Fundación Eira, explicó que Álvarez estaba en una fase inicial del tratamiento, pero que su recuperación requería su compromiso activo. Durante su estadía en la fundación, se le proporcionaba una rutina y se lo incentivaba a realizar actividades cotidianas como hacer la cama y cocinar. Además, se le ofrecían talleres para apoyar su rehabilitación.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla, no concedieron el sobreseimiento solicitado por la defensa de Álvarez ni el pedido de la querella para detenerlo e internarlo aún más en el centro PRISMA, donde su condición se había deteriorado. En cambio, ordenaron la realización de informes trimestrales sobre su salud y evolución mental para determinar si estaba en condiciones de afrontar el juicio, considerando su estado de “incapacidad sobreviniente”.
La decisión del juez Goerner incluyó la revocación del arresto domiciliario que se le había otorgado en diciembre de 2022 debido a varias desobediencias. Además, se solicitó la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para garantizar que Álvarez reciba el tratamiento médico adecuado, en vista de su complejo diagnóstico que incluye trastornos de la personalidad, consumo problemático de sustancias y un síndrome orgánico cerebral, entre otros problemas de salud.
En su informe, los peritos de la DGN confirmaron el diagnóstico anterior y señalaron que Álvarez presenta múltiples deficiencias en su capacidad de atención, memoria, y comprensión, además de debilidad en todas sus funciones cognitivas. Esto sugiere que, en caso de ser interrogado sobre el crimen que se le imputa, no estaría en condiciones de responder adecuadamente. La situación legal y médica de Álvarez sigue siendo complicada y llena de incertidumbre.