El fiscal que lleva adelante el caso citó a Patricia Bullrich a raíz de sus dichos sobre supuestas irregularidades en la negociación con Pfizer.
Sigue la investigación a raíz de los dichos de Patricia Bullrich sobre la negociación con Pfizer. El fiscal federal Ramiro González resolvió este viernes citar como testigo a Patricia Bullrich y pedir informes al Ministerio de Salud de la Nación y al laboratorio Pfizer. La investigación se da en el marco de una denuncia por las declaraciones de la presidenta del PRO vinculadas a supuestas irregularidades en la negociación para la compra de la vacuna contra el coronavirus, hecho que fue negado por la propia farmacéutica.
La denuncia que impulsó la investigación fue presentada el 27 de mayo pasado por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Gaspar Uriel Tizio, a raíz de declaraciones de Bullrich a medios periodísticos en las que aludió a supuestos delitos en las negociaciones entre el Gobierno y la farmacéutica, según informaron fuentes judiciales. Lo que se busca investigar es si la presidenta del PRO cometió un delito al acusar de “conductas que podrían ser penalmente reprochables” al exministro de Salud de la Nación Ginés González García.
La denuncia, que quedó a cargo del Juzgado 1 de María Servini (CFP 2929/2021), toma como base las declaraciones que Bullrich hizo el domingo 23 de mayo en el programa “La Cornisa”, por el canal LN+. En esas declaraciones, la exministra de Seguridad del PRO afirmó que “la actitud de González García fue intentar tener un retorno”, algo que el presidente Alberto Fernández “no ignoraba”. “Es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”, dijo Bullrich.
En distintas ocasiones, Bullrich aludió a supuestos delitos cometidos durante la negociación del contrato con Pfizer, algo que la empresa desmintió luego en un comunicado de prensa y en una exposición ante autoridades de bloque de la Cámara de Diputados. Además de acusar al exministro Ginés González García, mencionó al presidente Alberto Fernández, por lo cual el mandatario resolvió iniciar una demanda civil contra Bullrich, que tuvo una primera audiencia de mediación en la que no hubo acuerdo.
El fiscal González resolvió investigar la denuncia y, para eso, pidió al Ministerio de Salud que “remita todos los expedientes y documentación -en soporte digital- relativa a las negociaciones efectuadas con la firma Pfizer, tendientes a la obtención de vacunas contra la enfermedad Covid-19″.
El fiscal requirió “toda la documentación -en soporte digital- relativa a los términos en los que se efectuaron las pruebas sobre humanos de la vacuna elaborada por Pfizer contra el virus Sars Cov-2 en el Hospital Militar Central”. “Oportunamente, recibida y compulsada la información requerida, fíjese audiencia con el objeto de recibirle declaración testimonial a la Dra. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón”, concluyó.
De esta manera, la titular del PRO y referente de Juntos por el Cambio tendrá que declarar bajo juramento de verdad para ratificar o no sus dichos periodísticos. La fiscalía acumuló diferentes denuncias vinculadas a la negociación con Pfizer tras la denuncia presentada por el Ministerio de Salud.
La declaración por parte de Pfizer
El 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener “interés” en bienes naturales o reservas del Banco Central. De esta forma, la farmacéutica estadounidense desacreditó las afirmaciones de la titular del PRO.
“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”, aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, con la presencia de representantes de todas las bancadas legislativas, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.
En su exposición, Vaquer aclaró además que la empresa “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado” -tanto “naturales, reservas del Banco Central o bienes culturales”- en sus tratativas con el Gobierno para la adquisición de vacunas.