Busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara de Diputados aprobó ayer y envió al Senado un proyecto de protección contra la “violencia digital” a las mujeres y una iniciativa sobre créditos UVA, en el marco de una sesión en la que la oposición consiguió la convocatoria para que el plenario debata el 23 de agosto la Ley de Alquileres.
Además, el plenario del cuerpo dio el visto bueno a un proyecto que crea la figura del acompañante terapeútico y a otro que declara monumento histórico nacional al Parque de la Constitución en la capital de la provincia de Santa Fe.
La Cámara aprobó por amplia mayoría, y giró al Senado, el texto consensuado para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la “violencia digital”, conocida como “Ley Olimpia”, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
La iniciativa se aprobó con 191 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, la izquierda, y dos en contra de los libertarios y una abstención del diputado Carlos Zapata (JXC).
Además, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y envió al Senado, el proyecto de ley que regula la actividad del acompañante terapéutico, en una votación con 197 votos afirmativos y tres negativos.
Hipotecarios UVA
En el tratamiento más extenso -casi cuatro horas- la Cámara debatió el proyecto que buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
La votación arrojó 134 votos afirmativos; 40 negativos y 18 abstenciones.
El cuerpo inició el análisis del dictamen de producción orgánica, que tuvo un amplio consenso -aunque fue rechazado por el PRO-, y que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.