El megaoperativo dejó el saldo de una persona detenida, mientras se investigan maniobras con activos provenientes del narcotráfico y a 13 personas por ‘testaferros‘. El juez ordenó el secuestro de 34 vehículos de alta gama.
Un megaoperativo de efectivos de Gendarmería Nacional ordenado por el juez Miguel Aranda se realizó este jueves en distintos domicilios arrojó el saldo de la detención de una persona, mientras que se indicó que no pudieron dar con el paradero de al menos otras seis personas sobre los cuales se diligenció el pedido de detención de las mismas, ya que fueron declaradas prófugas de la Justicia.
En el procedimiento policial intervinieron más de 300 efectivos de la fuerza federal que no pertenecen al escuadrón local, salvo un reducido grupo de efectivos, llevaron adelante el operativo ordenado por Aranda. Los procedimientos se llevaron adelante la localidad chaqueña de Sáenz Peña como en otras provincias del norte argentino a los fines de establecer posibles vinculaciones con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
23 allanamientos, 1 detenido
Por pedido de la fiscalía federal se ordenaron 23 allanamientos y siete detenciones. Las medidas se concretaron y hasta ahora se detuvo solo a una persona, en el marco de una causa iniciada en el año 2020 por supuesto lavado de activos.
La fiscalía federal con sede en esta ciudad, dependiente del Ministerio Público, investiga el supuesto lavado de activos de origen delictivo y supuesta asociación ilícita, y por tal motivo, se avanza en diligenciamientos para detener e indagar a los supuestos autores, coautores, cómplices y testaferros.
La fiscalía a cargo del doctor Carlos Amad solicitó al juez Aranda también inhibiciones de bienes con pedidos de registros tanto en la propiedad del inmueble como del Automotor, pidiendo el secuestro de 34 vehículos de alta gama entre ellos, camiones, camionetas y autos de alta gama, motocicletas y otros elementos como planillas, remitos, cuadernos de anotaciones y todo ahora se apunta a establecer lo que declaren los presuntos responsables y testaferros en esta investigación que apunta que las compras de bienes se habría hecho con dineros provenientes del delito.