Un 19 de marzo de 2015, una avioneta con 10 personas a bordo, 9 de ellas argentinas, a los pocos segundos de despegar del aeropuerto de la Laguna del Sauce se precipitó a tierra y todos los pasajeros murieron.
Siete años después, las familias de las víctimas argentinas que murieron en Punta del Este aún esperan que se haga justicia. Los abogados de las familias solicitaron a la Justicia de Uruguay que establezca una fecha para la indagatoria de los dos empresarios acusados, así como también solicitaron que se cite a los otros accionistas de las dos empresas responsables del vuelo.
“Los familiares de las víctimas reclaman que se avance con un juicio que ya está muy demorado. Entendemos que en esta causa se configuran los cuatro elementos de la culpa: impericia, imprudencia, negligencia y violación de normas y reglamentos, que conforman un delito de homicidio culposo“, contó a la agencia Télam el abogado Jorge Barrera, quien actúa como querellante junto a su colega Jorge Pereira Schurmann.
En tanto, desde este lado del Río de la Plata, los familiares de las víctimas aguardan con suma paciencia que el expediente que tiene a su cargo la jueza Ana María Guzmán se encamine hacia el esclarecimiento del caso, que por el momento tiene como imputados al presidente de Droguería Meta SA, Ezequiel José Masjuán; el director de la empresa TripAIR, Gustavo Caglieris; el ejecutivo de la empresa de viajes Furlong Fox SA, Esteban Sala; y a Alfredo Girelli, empleado de la Droguería Meta que estaba a cargo del mantenimiento de la aeronave. Ninguno de ellos está detenido.
“Marzo es un mes especialmente difícil para mí. Siento mucha impotencia. Y el dolor de una herida abierta que no puede terminar de cicatrizar”, contó a la agencia de noticias Viviana Alonso, esposa de Mario Barba (41), una de las víctimas de la tragedia, quien agregó que “una justicia que se demora tanto ya no es justicia”.
Un informe técnico elaborado por expertos de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (Ciaia), del Ministerio de Defensa de Uruguay, reveló que la aeronave llevaba sobrepeso, que se adulteró su configuración para trasladar a más pasajeros que los autorizados y que los pilotos, que fallecieron en el accidente, estaban presionados por los dueños de la nave para realizar los vuelos y ni siquiera estaban debidamente habilitados.
El informe, al que accedió Télam, señala que las causas del accidente fueron múltiples, pero aclararon que “la aeronave no cumplió con el perfil recomendado por el fabricante para el despegue en cuanto a sus velocidades y régimen de ascenso” y que no cumplía “con las Reglamentaciones Aeronáuticas”, ya que “no estaba habilitada para realizar vuelos contratados“.
“El vuelo estaba configurado para seis y agregaron para dos pasajeros más. Es algo insólito, pero a la vez son cosas que se hacían habitualmente”, relató a esa agencia Matías Deleonardis, esposo de Joanna Mc Cormack (41), otra de las víctimas, quien sumó como otra irregularidad que “quedó comprobado que los pilotos no tenían experiencia en este tipo de aeronaves“.
Fuentes judiciales aseguraron que tanto los empresarios Masjuán como Caglieris ya fueron indagados el 30 de noviembre del año pasado en el juzgado de la ciudad de Maldonado, pero la indagatoria de Sala no pudo aún llevarse a cabo, porque el acusado pidió la postergación y el juzgado aún no fijó fecha.
La querella ya solicitó mediante un escrito que se acelere esa indagatoria y que el mismo día también sea indagado el restante de los imputados, Girelli.
Una de las hipótesis que maneja la Justicia uruguaya es que, como presidente de Droguería Meta, el empresario Masjuan era el responsable de la aeronave Beechraft, modelo King Air B90, matrícula LV-CEO, que protagonizó la tragedia el 19 de marzo del 2015. Los otros dueños de la aeronave, aunque con una parte societaria menor, eran las empresas Inversiones Locales y Dihermo.
En tanto, se sospecha que Sala, de la agencia de viajes Furlong Fox, fue el encargado de contratar y comercializar la avioneta para que viajaran los pasajeros a Punta del Este, donde iban a realizar una jornada de trabajo en un centro de exposiciones.
Respecto a Caglieris, la Justicia cree que en su rol en la empresa TripAIR le facturó a Furlong Fox el alquiler de la avioneta, mientras que Girelli era quien tenía que tener en condiciones la aeronave para su funcionamiento.
Según fuentes de la investigación, en sus indagatorias, los acusados Masjuán y Caglieris intentaron explicar que no se trató de una contratación comercial sino que fue un viaje de “cortesía”, es decir que la avioneta fue prestada para realizar el traslado de los empleados de La Rural S.A. hacia Punta del Este.
Sin embargo, los abogados Barrera y Schurmann presentaron días atrás un escrito ante la Justicia en el que ofrecieron “nuevos elementos que acreditan que se trató de un vuelo comercial”.
“El avión no contaba con las habilitaciones para el traslado internacional de pasajeros. Entendemos que es necesario que se citen a más partícipes a fin de establecer las responsabilidades penales. En el accidente murieron diez personas y el Código Penal en Uruguay establece una pena de ocho años de prisión por homicidio culposo complejo“, afirmó Barrera.
En ese escrito, los letrados mencionaron a más de diez personas de las empresas vinculadas a la avioneta para que sean llamadas a declarar como testigos.
Como se recordará, el accidente ocurrió a las 20.38 del 19 de marzo del 2015, cuando la avioneta con 10 personas a bordo se estrelló en la Laguna del Sauce, segundos después de despegar del aeropuerto de Punta del Este.
En la tragedia murieron el piloto Luis Pivida (59), el copiloto Diego Chiaradía (45) y los pasajeros Mario Barba (41), Joanna Mc Cormack (41), Alfredo Dietrich (51), Carlos de Elías (56), Marcelo Zarco (48), Horacio Peñaflor (48), Luis Gustavo Pera (58) y Marta Pires Vieira (portuguesa, 41).