Los damnificados reclaman más de 60 millones de pesos de reparación.
La Fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto, pidió la elevación a juicio de la causa conocida como “los sanadores egipcios”, en la que hay 12 imputados de asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la psicología y abuso sexual. La querella que representa a 8 damnificados reclama además una reparación de más de $60 millones. El líder de la organización denominada “Maestros Seshen“, Mauricio Aparicio Díaz, también está acusado por abuso sexual.
Quién es el “Maestro Seshen”
Álvaro Juan Aparicio Díaz es un extranjero de 63 años radicado hace al menos una década en el país, dedicado según la AFIP a la edición de libros. No tiene tarjeta de crédito ni cuentas o empleados a su nombre, ni siquiera deudas recientes en cuentas bancarias según registros consultados. Es un hombre callado y tranquilo, con un domicilio en la sierra de Córdoba. Pero el personaje que Díaz se inventó a si mismo es mucho más interesante.
Durante los últimos siete años, Díaz operó como el líder de la llamada Fundación Académica Seshen, una organización que vendía a sus fieles un ticket de ingreso a la sanación y la espiritualidad del Antiguo Egipto, llamada así por el loto azul que crece en las aguas del Nilo, un símbolo de renacimiento en la teología de los faraones, con una variada oferta. Seshen ofrecía en sus dotes o poderes: ayudaba a vender propiedades, pero antes cobraba también fortuna por eliminar las presencias que impiden la venta de la propiedad, también en sus poderes “curaba el cáncer”…
Ayudaba a aprobar leyes, “si las considera justas” tanto para el partido peronista o el radical también. Así, Seshen ofrecía costosos viajes a las Pirámides con visitas guiadas por Díaz mismo, clases online con suscripciones en dólares y títulos grandilocuentes. “Aprender a pensar”, “El Secreto de la Vida”, eran los nombres de alguna de ellas que Díaz, como figura central, dictaba bajo un curioso alias, “Licenciado Ahú Sari Merek”.
Siempre vestido con un chaleco utilitario, como si fuese un explorador, que aclaraba que cobraba millones por estas curaciones, sin contar la meditación que le llevaba poder hacer todos estos trabajos. Su vida como autor es prolífica: registró 14 libros a su nombre en los últimos siete años de acuerdo a datos de la Cámara del Libro, algunos en venta en Amazon a 15 dólares. Cuatro de ellos son los manuales privados de su fundación.
También, Seshen ofrecía una terapia con la marca del grupo, con sus agentes y seguidores a lo largo de la provincia de Córdoba que también adoptaban nombres de dioses egipcios para su automarketing. “Aumenta tu percepción de la realidad pudiendo modificarla”, ofrecía una seguidora en la zona de Calera a mediados de 2018: “Te valoriza, quita miedos y dudas”. Ofrecía viajes con “posgrados de medicina tradicional egipcia y psicología Seshen” para “maestros de su escuela” además de meditación en los cuerpos “visibles e invisibles”.
El abogado defensor de una de las personas imputadas, planteó que luego de analizar los argumentos de la elevación a juicio, se van a oponer a la medida y paralelamente esperan una resolución de la justicia federal adonde presentaron un recurso para que se haga cargo de la causa por tratarse de una violación a la ley de trata de personas. Están imputados: el líder de la organización conocida como “Maestros Seshen”, Álvaro Juan Aparicio Díaz.
También su esposa Laura Cannes, Elizabeth López, Liliana Dariomerlo, Verónica Floridia, Alejandra García, Flavia Stefanich, Maximiliano Isiksonas, Claudio Urtiaga, Cristina Marcial, Carolina Altamirano y Rosa Benavídez. El maestro Seshen, además, está imputado por abuso sexual reiterado. Por otra parte, se señala que hay “treinta y nueve hechos endilgados en donde resultaron víctimas múltiples personas vulnerables por problemas personales y de salud.
Once de las doce personas que se llamaban sanadores egipcios, que están imputados “también están privadas de su libertad (confirmada su prisión preventiva en doble instancia recursiva Juzgado de Control y Cámara de Apelaciones)”. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, “la investigación pudo develar el accionar de la organización delictiva dedicada a estafar a un gran número de damnificados a través de una modalidad defraudatoria.”
“Esto consistía en el ofrecimiento y prestación de servicios de psicología sin cumplir los recaudos legales habilitantes para ello. Desde allí ejecutaban otros tipos de maniobras para obtener réditos económicos, tal como la coacción”. Desde la querella, el abogado Tomás Aramayo confirmó que pidieron una reparación de $66 millones en nombre de 8 damnificados que “perdieron todo y fueron estafados” por parte de las personas que conformaron la “asociación ilícita”.
“Luego de meses de peritajes, del trabajo de terapeutas para lograr determinar el perjuicio provocado por esta asociación ilícita de falsos psicólogos” en todas las personas que “fueron víctimas y captadas por esta escuela de sanación egipcia”, formalizaron la demanda como actores civiles, dijo Aramayo. Por su parte, Lucas Olmos, el abogado defensor de Maximiliano Isiksonas, uno de los imputados se mostró sorprendido ante el pedido de la fiscal.
El letrado aduce que aún restaban realizarse pericias psicológicas y adelantó que se van a oponer a lo solicitado por la fiscalía. El abogado asegura que su representado no formaba parte de una asociación ilícita y que por el contrario, también era víctima de la situación, cuestión que también sostienen algunas de las otras personas imputadas en la causa. Señalan que los responsables son los “sanadores” Aparicio Díaz y su esposa, quienes fueron los “únicos beneficiados”.
El resto de los “discípulos” fueron “víctimas, explotados y abusados” y tuvieron que “abonar constantemente sumas de dinero por supuestas protecciones y asesoramientos espirituales, donde los reducía a la servidumbre”. Ahora, la justicia federal deberá determinar la cuestión de la competencia, se espera que otros representantes legales de imputados planteen la oposición a la elevación a juicio pedida por la fiscalía, ante lo cual la justicia provincial también deberá expedirse y en caso de confirmar la solicitud, poner fecha de inicio al juicio.
